Educación da al profesorado murciano más armas para atajar el gamberrismo en las aulas

Un decreto devuelve a los docentes la potestad de expulsar alumnos de clase Los directores podrán sancionar en el momento a los indisciplinados
GUILLERMO HERMIDA/MURCIA

Los profesores y alumnos murcianos serán los primeros de España en contar con un decreto regulador de la convivencia y la disciplina en los centros docentes por debajo del nivel universitario. La medida, anunciada ayer por el portavoz del Gobierno regional, Fernando de la Cierva, tras el Consejo de Gobierno, afecta a todos los colegios e institutos financiados con dinero público, lo que incluye prácticamente a todos los de la Región. El decreto, que será efectivo casi con toda probabilidad la próxima semana -tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma- tiene como objetivo destacado y confesado «devolver la autoridad al profesorado y respaldarla». En la actualidad, el docente carecía de medios para aplicar la disciplina en las aulas de forma directa, debiendo acudir al Consejo Escolar para el procedimiento sancionador, perdiéndose así la inmediatez y haciendo prácticamente inútiles las medidas que se tomaban.Poder del directorAhora, el director del centro recuperará la potestad para imponer sanciones y resolver conflictos, aunque deberá dar cuenta de sus decisiones al Consejo Escolar. El decreto incluye también un procedimiento abreviado que permite tomar medidas provisionales, generalmente la expulsión del centro, a aquellos miembros de la comunidad educativa que vulneren las normas de convivencia.Estas normas vendrán, al contrario que con la norma anterior, perfectamente definidas, especialmente en el caso de los deberes de los alumnos, que se articulan en cuatro grandes líneas: el estudio como deber básico, respeto al profesor y todos los miembros de la comunidad educativa, tolerancia y solidaridad con los compañeros y participación en el centro. Al catálogo de conductas contrarias a las normas de convivencia se suman «otras gravemente perjudiciales», que por el momento no han sido desveladas.La norma elaborada por Educación no dice nada sobre el espinoso tema de la protección y vigilancia de los centros educativos. Los docentes enarbolaron como bandera de sus reivindicaciones en junio un mayor control en los accesos y que las fuerzas y cuerpos de seguridad incluyeran los colegios y sobre todo los institutos como puntos calientes en sus habituales rondas de vigilancia.Fuentes cercanas a Educación señalaron a La Verdad que este asunto no era competencia exclusiva de la consejería, y que su aplicación y mejora debe implicar además a otros órganos, como la Delegación del Gobierno y las propias fuerzas policiales.Los docentes murcianos denunciaron de forma repetida ante Educación que la situación en las aulas se estaba convirtiendo en poco menos que insoportable. Los datos de bajas psicológicas entre el colectivo y los frecuentes casos de agresión a profesores por parte de padres e incluso de los propios alumnos han motivado finalmente la elaboración del decreto. Al conocer ayer su contenido, uno de ellos afirmó: «A ver si ahora funciona en la práctica».